Castilla-La Mancha entierra el Plan de Biometano tras las protestas vecinales pero sigue tramitando macroplantas

La Junta asegura que el Plan Regional de Biometanización queda atrás y prepara un nuevo decreto que otorgará mayor poder de decisión a los ayuntamientos, limitará la distancia de los residuos y endurecerá las condiciones para futuras plantas de biometano.

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha anunciado un cambio de rumbo en la regulación de las plantas de biometano tras mantener una reunión con representantes de diversas plataformas vecinales contrarias al actual modelo de implantación de estas instalaciones. El encuentro, celebrado el pasado 25 de junio en Toledo, estuvo presidido por la consejera Mercedes Gómez, acompañada por responsables de las direcciones generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, así como de Economía Circular y Agenda 2030.

En la reunión participaron representantes de Stop Ganadería Industrial, las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava, Villa de Don Fadrique y Pueblos Vivos Cuenca, colectivos que desde hace meses vienen reclamando una regulación más estricta sobre este tipo de proyectos.

La Junta da por cerrado el Plan Regional de Biometanización

Uno de los principales anuncios realizados durante el encuentro fue que el Plan Regional de Biometanización no continuará adelante. Según trasladó la consejera, tras la moción aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha, dicho plan "es pasado" y será sustituido por un nuevo decreto específico cuya tramitación ya ha comenzado tras el periodo de consultas previas.

El anterior plan recibió más de 15.000 alegaciones de particulares y organizaciones, que fueron respondidas mediante un documento conjunto en el que la Junta rechazó todas las propuestas presentadas. Aquella respuesta generó un amplio rechazo entre los colectivos vecinales, que denunciaban la escasa capacidad de decisión de los ayuntamientos y la falta de limitaciones sobre el tamaño de las plantas o la procedencia de los residuos.

Más competencias para los ayuntamientos y nuevas limitaciones

Según explicó Mercedes Gómez, el futuro decreto incorporará importantes cambios respecto al modelo inicialmente planteado.

Entre las principales novedades figura el reconocimiento de un poder de decisión vinculante para los ayuntamientos, de forma que la negativa de un consistorio supondrá el archivo inmediato del expediente.

Además, se establecerá una distancia máxima de 35 kilómetros para el transporte de los sustratos utilizados por las plantas, se impondrá una distancia mínima de dos kilómetros respecto a los núcleos urbanos, sin excepciones, y será obligatoria la presentación de un plan de gestión del digestato, así como la instalación de sistemas para controlar olores, cubrir las balsas de almacenamiento y publicar diariamente los principales parámetros de funcionamiento de cada planta.

La consejera también anunció la suspensión de la tramitación de nuevos proyectos hasta que entre en vigor la nueva normativa.

Las plataformas denuncian contradicciones

Pese a valorar positivamente algunos de los cambios anunciados, los colectivos asistentes consideran que persisten importantes contradicciones.

Recuerdan que, mientras la Junta anuncia la paralización de nuevas autorizaciones, continúan avanzando distintos expedientes de plantas de biometano en municipios como Villarrobledo, Los Yébenes, Gálvez, Talavera o Consuegra, según la información disponible en los procedimientos de evaluación ambiental.

Asimismo, critican que el Gobierno regional impulse paralelamente una futura Ley de Inversiones Estratégicas que, según denuncian, favorecería precisamente este tipo de instalaciones.

Las organizaciones también discrepan de la posición mantenida por la Consejería sobre el origen de los residuos y la contaminación por nitratos. Según los colectivos, durante la reunión Mercedes Gómez insistió en que el tratamiento de los aproximadamente 15 millones de toneladas de residuos orgánicos generados anualmente en la región hace necesaria la implantación de plantas de biometano, aunque descartó limitar el crecimiento de la ganadería intensiva al considerar que constituye un sector de gran peso económico.

Las plataformas sostienen, por el contrario, que buena parte de esos residuos proceden precisamente de la ganadería industrial y consideran que deberían impulsarse modelos de plantas de menor tamaño, orientadas al autoconsumo y ubicadas junto a los puntos de generación de residuos, en lugar de grandes instalaciones conectadas a la red de gas.

Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener abierto un canal de diálogo durante la elaboración del nuevo decreto. Las organizaciones vecinales reconocen que el texto anunciado supone un avance respecto al plan anterior, aunque consideran que todavía puede incorporar nuevas mejoras antes de su aprobación definitiva.