Movilización contra las plantas de biogás: “No es verdad que los ayuntamientos tienen la última palabra”

Stop Ganadería Industrial acusa al Gobierno regional de falta de transparencia y de favorecer macroplantas frente a las demandas ciudadanas

Las plataformas vecinales agrupadas en Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha han respondido con dureza a las recientes declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, sobre el despliegue de proyectos de biogás y biometano en la región, cuestionando tanto el proceso de implantación como el papel real de los ayuntamientos.

Desde el colectivo aseguran que, pese a que la consejera defiende que los municipios pueden decidir sobre la instalación de estas plantas, la realidad es distinta. Recuerdan que los ayuntamientos solo intervienen en una fase inicial mediante informes de compatibilidad urbanística, pero que estos no son vinculantes si el proyecto es declarado prioritario por la Junta, lo que, a su juicio, limita de forma clara la autonomía local.

Críticas al proceso administrativo y urbanístico

Las plataformas también advierten de que una gran parte de los municipios de Castilla-La Mancha carecen de planeamiento urbanístico actualizado, lo que facilita la implantación de este tipo de instalaciones sin restricciones claras. Además, denuncian que el primer borrador del plan regional otorgaba mayor capacidad de decisión a los ayuntamientos, pero ese punto fue eliminado posteriormente.

Dudas sobre la evaluación ambiental

Otro de los puntos más criticados es el proceso de evaluación ambiental. Desde Stop Ganadería Industrial sostienen que los estudios de impacto son elaborados por empresas contratadas por los propios promotores, lo que, según indican, puede derivar en una minimización de los efectos negativos.

Asimismo, consideran que las administraciones no disponen de los recursos suficientes para revisar en profundidad todos los expedientes, lo que, según denuncian, reduce el control efectivo sobre este tipo de proyectos.

Denuncias de impactos y falta de control

Las plataformas señalan varios ejemplos para ilustrar sus críticas, como los vertidos de digestato en Balsa de Ves (Albacete) o los problemas de contaminación por nitratos en Torrejoncillo del Rey (Cuenca), donde fue necesaria la intervención judicial para anular una autorización ambiental.

También alertan de la falta de transparencia en torno a las macroplantas de biogás, especialmente en lo relativo al origen y tratamiento de los residuos, y critican que el código de buenas prácticas existente no sea de obligado cumplimiento.

Riesgos técnicos y modelo cuestionado

En relación con la seguridad de estas instalaciones, el colectivo advierte de posibles derrames, fugas de biogás o fallos en el tratamiento del digestato, recordando estudios que apuntan a incidencias en un alto porcentaje de plantas en otros países europeos.

Además, denuncian que el plan regional no establece límites claros sobre la distancia entre plantas ni el origen de los residuos, lo que podría favorecer la concentración de proyectos en determinadas zonas.

Rechazo al modelo de macroplantas

Desde Stop Ganadería Industrial insisten en que no se oponen a la biometanización como tecnología, sino al modelo que se está impulsando, basado en macroplantas de gran capacidad, que, según afirman, pueden generar impactos ambientales y problemas de salud.

Finalmente, el colectivo acusa al Ejecutivo regional de no atender las demandas ciudadanas y de priorizar los intereses del sector energético y de la ganadería industrial, reclamando un mayor diálogo y una planificación más ajustada a las necesidades del territorio.