Los ayuntamientos afectados por el cierre del tren Madrid-Cuenca-Valencia recurren al Constitucional
Diez ayuntamientos afectados por el cierre de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, denunciando la vulneración de sus derechos fundamentales durante el proceso de clausura. Los consistorios de Aranjuez, Arguisuelas, Camporrobles, Cañada del Hoyo, Carboneras de Guadazaón, Castillejo del Romeral, Huete, Santa Cruz de la Zarza, Víllora y Yémeda argumentan que no pudieron presentar alegaciones contra el informe en el que se basó el Gobierno de España para suprimir el servicio ferroviario.
Según explican, el estudio fue elaborado por la empresa pública
Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que
genera dudas sobre su legitimidad e imparcialidad. Francisco Javier Doménech,
alcalde de Huete, ha asegurado que los municipios afectados continuarán la
lucha judicial hasta lograr la reapertura del ferrocarril: "Si levantan las vías, nos despediremos del tren en la
provincia de Cuenca para siempre. Nos jugamos mucho".
Denuncia de discriminación
territorial
Los ayuntamientos critican que el
cierre del tren se haya justificado por su supuesta falta de rentabilidad
social y económica, sin oportunidad de rebatir los datos presentados por Ineco.
Doménech cuestiona que la rentabilidad sea un criterio para determinar el
acceso a servicios públicos, ya que "eso
implicaría la desaparición de numerosos servicios básicos, especialmente en la
España rural".
En su recurso, también denuncian
discriminación territorial, señalando que, mientras en otras partes de España
se invierte en infraestructuras ferroviarias, la provincia de Cuenca no ha
recibido "ni un solo euro" de los 24.200 millones
de fondos europeos destinados a este fin. "Nos
condenan a una desigualdad entre territorios, creando ciudadanos de primera y
de segunda", ha concluido el alcalde de Huete.
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