La Fiscalía pide seis años de prisión para un guardia civil destinado en Cañete por tres denuncias falsas
La Audiencia Provincial de Cuenca llevará a cabo
este miércoles el juicio de un agente de la Guardia Civil destinado en Cañete,
para quien la Fiscalía ha solicitado una condena de seis años de prisión.
Además de la pena de prisión, se pide la inhabilitación especial del derecho de
sufragio pasivo durante el periodo de la condena, así como una multa de 24
meses con una cuota diaria de 12 euros. También se solicita que se le
inhabilite para ejercer empleo o cargo público por un periodo de seis años. El
agente está acusado de un delito continuado de falsificación en documentos
oficiales, en concurso con un delito leve de estafa.
El fiscal relata en sus conclusiones provisionales
que el día 11 de agosto de 2018, mientras el acusado estaba de servicio junto a
otro agente, acudieron a la plaza de Cañete, donde había una gran concentración
de personas. Mientras se aproximaban, escucharon a una persona no identificada
gritar «cabrones». Aunque en ese momento el agente no pudo identificar a quien
realizó ese comentario, aproximadamente quince minutos después, dos hermanos
llegaron al lugar. Uno de ellos comentó «vaya fiesta que tenéis aquí, que
tenéis a la Guardia Civil», a lo que el acusado respondió de manera «chulesca e
intimidatoria», solicitando sus identificaciones.
Aunque en ese momento no se levantó acta de
denuncia, tras finalizar su turno, el agente procedió a formalizar denuncias
contra ambos hermanos, alegando falsamente que habían insultado a los agentes
llamándoles «cabrones» en dos ocasiones, situando los hechos a las 1:30 horas
del mismo día.
Dos días después, el agente se encontró con uno de
los hermanos conduciendo en la carretera entre Salinas del Manzano y Cañete.
Reconociendo al conductor, aprovechó la situación para redactar una nueva
denuncia, acusándolo, sin fundamento, de conducir sin el cinturón de seguridad puesto.
El agente también se enfrenta a acusaciones
relacionadas con la manipulación de información sobre daños en un vehículo
oficial. El fiscal señala que, para evitar cualquier responsabilidad por los
daños causados en el coche de la Guardia Civil, el acusado contactó con un
empresario propietario de varias máquinas retroexcavadoras. El guardia civil le
pidió que se presentara en las dependencias de la Guardia Civil en Cañete y le propuso
que firmara una declaración amistosa de accidente, alegando que los daños en el
vehículo oficial habían sido causados por una de sus máquinas. Debido a la
presión de estar en un cuartel y frente a un agente uniformado, el empresario
accedió a la petición y facilitó la matrícula de una de sus retroexcavadoras.
Con la información proporcionada por el empresario,
el acusado accedió a la base de datos de la Guardia Civil (SIGO) para obtener
detalles adicionales. Posteriormente, fabricó un informe falso, declarando que
el supuesto accidente ocurrió el 4 de diciembre de 2018, cuando la
retroexcavadora habría impactado con la parte trasera del vehículo oficial que
estaba estacionado. Para completar la farsa, el agente firmó el documento en
nombre del conductor de la máquina, falsificando su identidad. La reparación de
los daños del vehículo ascendió a 304,33 euros.
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