El Congreso protege al bar de pueblo por su función social
Los bares y colmados en pueblos pequeños son mucho
más que un lugar al que ir a tomar algo o a comprar el pan. Son un punto de
encuentro y desempeñan una función de centro social que no está retribuida ni
les permite hacer frente a las dificultades económicas debido a la baja
rentabilidad de estos establecimientos. Pero, ayer, esto cambió cuando el pleno
del Congreso acordó por amplia mayoría tramitar la proposición de ley que
considera entidades de economía social a los bares, restaurantes y pequeños
comercios que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes.
La norma fue propuesta por la plataforma Teruel
Existe, que desde hace tiempo viene defendiendo los intereses de aquellos
pequeños negocios de los pueblos. Con 303 votos a favor, 23 en contra y 10
abstenciones, la Cámara Baja aceptaba equiparar estos establecimientos con
cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de
inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores o sociedades
agrarias.
Por su labor
social
Con la consideración de entidades de economía social,
los bares y establecimientos en municipios (incluidos los puestos de venta
ambulante) de no más de 200 habitantes podrán beneficiarse de los incentivos y
ayudas que tienen reconocidos este tipo de organizaciones. Al ser incluidas en
este grupo, tendrían facilidades como simplificación de trámites
administrativos relacionados con su actividad o bonificaciones en las cuotas de
la Seguridad Social si contratan personas desempleadas.
Teruel Existe ha defendido en varias ocasiones que
los servicios básicos que se prestan de manera privada están desapareciendo en
la España vaciada. Asimismo, muchos municipios que no alcanzan un mínimo de habitantes
no tienen o ven peligrar la supervivencia de su bar y comercio de alimentación.
Estos lugares actúan como centro social de convivencia y encuentro entre la
gente del municipio, dado que no existen otros servicios de ocio, cultura o
restauración.
Esta situación afecta a la vida diaria de muchísimos
ciudadanos, especialmente de aquellas personas mayores que habitan en estos
lugares menos poblados. Y, por eso, los pequeños negocios son fundamentales
aquí, porque fomentan las relaciones sociales. Sin embargo, en lugares tan
pequeños, a duras penas pueden seguir la lógica de la rentabilidad o el
mercado, algo que dificulta que mantengan la persiana levantada.
La norma incide en la importancia de estos servicios
para luchar contra la despoblación, dado que hay estudios académicos que
sostienen que en aquellos municipios donde se cierra un bar o una pequeña
tienda, sus vecinos abandonan el lugar mucho más rápido que donde se mantienen
abiertos. "Investigaciones indican que estos establecimientos fomentan la
cohesión comunitaria y el desarrollo económico. Por contra, está socialmente
aceptado que un pueblo está sentenciado cuando cierran", dice la propuesta
de ley.
Se incluirán
en la norma
Según la ley de Economía Social de 2011, se
considera entidades de este tipo a aquellas que buscan "la primacía de las
personas y del fin social sobre el capital", que promocionan la
"solidaridad interna" y el "desarrollo local", o que
procuran "la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la
generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y la sostenibilidad".
Este marco legal pide a las administraciones cosas
como eliminar "obstáculos que impidan el inicio y desarrollo" de su
actividad, "simplificación de trámites administrativos" o que sus
propietarios tengan bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad
Social por contratar a personas desempleadas. Una pequeña ayuda que, a partir de
ahora, va a servir para que el bar del pueblo o el colmado continúen siento un
lugar de encuentro en el que juntarse con vecinos y amigos.
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