Castilla-La Mancha recurre una resolución del Supremo sobre los Planes Hidrológicos y el Decreto de Demarcación del Júcar
OJOS DE MOYA | La
Junta de Comunidades fue muy crítica en 2015 ante el hecho de que el Gobierno
de España no sometiese a votación los planes hidrológicos por separado
La consejera de Fomento del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha revelado que el Gabinete Jurídico de la
Junta de Comunidades ha presentado esta semana un recurso de reposición ante
una providencia del Tribunal Supremo que pretende subordinar la toma de
decisión sobre los Planes Hidrológicos a que el Tribunal Constitucional se
pronuncie sobre la Demarcación del río Júcar.
El escrito presentado por el Ejecutivo regional
intenta evitar que el recurso que el pasado mes de marzo presentaba ante los
Planes Hidrológicos aprobados por el Gobierno de España en enero de este año
quede aplazado hasta fecha indeterminada al someter el Tribunal su
pronunciamiento a lo que decida el Tribunal Constitucional sobre el conflicto
de competencias que planteó también el Ejecutivo autonómico intentando evitar
los trasvases internos desde el Júcar en Albacete hasta el Júcar en Levante,
posibilidad que recoge y consolida el nuevo Decreto de Demarcación de esta
cuenca aprobado por el Ministerio de Agricultura en enero.
La Junta de Comunidades sostiene que vincular un
pronunciamiento jurídico a otro sería condenar el recurso contra los planes
hidrológicos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana a no tener tiempo material de
ser resuelto, ya que los ciclos de planificación aprobados por el Gobierno de
España tienen un período de vigencia de seis años.
La posibilidad de que el Tribunal Constitucional
resolviese al conflicto de competencias planteado por el Gobierno regional como
condición previa a que el Supremo entrase en materia rebasaría, casi con toda
probabilidad, ese período. Tal cosa equivaldría a que el recurso contra los
planes hidrológicos no se resolviese antes de que se abordase el siguiente
ciclo de planificación.
Según ha explicado Elena de la Cruz “estamos
totalmente disconformes porque de facto supone paralizar los recursos que ha
presentado el Gobierno regional” contra los Planes Hidrológicos. La consejera
ha apuntado que el Gobierno de Emiliano García-Page luchará con todas las armas
jurídicas a su alcance para que se desvincule una cosa a la otra, ya que es la
única manera de que la Justicia pueda revertir el contenido de unos planes
hidrológicos absolutamente nocivos para Castilla-La Mancha.
A juicio de De la Cruz, el problema de origen
estriba en que el Ministerio de Agricultura mezcló en un mismo documento tanto
los planes como el decreto de Demarcación del Júcar, algo que ya advirtió en su
momento suponía un problema para la defensa selectiva de los derechos hídricos
de la región.
La Junta de Comunidades se mostró en su momento
muy crítica ante el hecho de que el Gobierno de España no sometiese a votación
los planes hidrológicos por separado durante el Consejo Nacional del Agua de
septiembre de 2015. “No nos dejaron votarlos por separado, sino que nos
hicieron votarlos en conjunto. Se coartó nuestra libertad”, ha dicho la
consejera, lo que impidió emitir pronunciamientos desfavorables selectivamente
y desde el primer momento a los múltiples planes hidrológicos que se
discutieron. Posteriormente, en enero de 2016, el Ministerio repetía “la
artimaña” jurídica “que nos parece inaudita”, afirma la consejera, cuando
publicaba todos los acuerdos juntos en el BOE, aunque en diferentes anexos.
