Castilla-La Mancha estudia pagar rehabilitaciones de viviendas en pueblos obligando al propietario a su posterior alquiler

 

Otra de las grandes áreas que lleva el vicepresidente primero es la lucha contra la despoblación. Castilla-La Mancha ya tiene una ley y una estrategia específica, que dura hasta 2031, pero José Luis Martínez Guijarro avanza que están elaborando nuevos planes. «Queremos hacer el ejercicio de acercar la lupa a cada uno de los territorios afectados por la despoblación, identificando los estrangulamientos que impiden el crecimiento de esas zonas», explicó. Una vez hecho este análisis, elaborarán un «plan de desarrollo sostenible para cada una de estas zonas».

El vicepresidente primero aprovechó para avanzar algunas medidas que están barajando para el medio rural en ámbitos como la vivienda. Explica que primero quieren movilizar las que hay en desuso en los pueblos. «Llegaremos a acuerdos con los propietarios para rehabilitar sus viviendas para ponerlas en alquiler a precios asequibles», indicó. Además Guijarro no descarta impulsar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares en los que pudiera haber más demanda.

Otra medida para implantar en las zonas poco pobladas será la de los fondos del Reto D, que servirán para sufragar actuaciones de «impulso» y que se nutrirán con los cánones que se pagan con las actividades que se realizan en el medio rural.

En el ámbito sanitario, Guijarro concretó la apertura de 120 botiquines en pueblos y la puesta en marcha de un servicio de dispensación de farmacia hospitalaria a domicilio. Ambas medidas ya las adelantó García-Page en su discurso de investidura.

Dentro del área de transporte, Martínez Guijarro aseguró que van a extender la modalidad a demanda a otras zonas como la comarca de la Jara en Toledo, la sierra del Segura en Albacete o la Serranía Baja y Media de Cuenca. Ante las críticas del PPpor la supresión de algunas líneas de transporte, Guijarro precisó que «si se está dejando de prestar alguna línea, no es de competencia autonómica, sino estatal, y estamos ahí de pelea con el Gobierno de España».

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