Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia retrasos en la aplicación de la Orden de Contadores del agua
Ecologistas en Acción de la Manchuela ha denunciado la paralización en la modernización de los sistemas de medición del consumo de agua, tras constatar el incumplimiento de los plazos establecidos en la conocida como Orden de Contadores, aprobada por el Gobierno de España para mejorar el control y la gestión de los recursos hídricos.
La Orden TED/1191/2024, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de
octubre de 2024, establece la obligación de implantar sistemas de medición
electrónica en los aprovechamientos de agua, especialmente en los de mayor
volumen, con el objetivo de garantizar un control real del consumo, evitar
fraudes y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua. Entre
otras medidas, la normativa obliga a instalar contadores inteligentes y a
transmitir de forma periódica los datos de consumo a la administración
hidráulica.
Según la organización ecologista, los grandes aprovechamientos —aquellos
que superan los 500.000 metros cúbicos anuales— debían tener instalados los
equipos de medición y estar enviando información actualizada a la Confederación
Hidrográfica del Júcar desde el 1 de noviembre de 2024. Ante la falta de
avances visibles, Ecologistas en Acción solicitó información oficial sobre el
grado de cumplimiento de la norma.
En su respuesta, fechada el 23 de diciembre, la Confederación Hidrográfica
del Júcar reconoce que los plazos fijados por la orden no se están cumpliendo y
que no existe una fecha concreta para su aplicación efectiva. El organismo de
cuenca señala que se encuentra trabajando en el desarrollo del sistema
informático necesario para la recepción de datos, así como en tareas de
comunicación e inspección con los usuarios, calificando la situación como “un
proceso activo de implantación”.
Sin embargo, Ecologistas en Acción subraya que la propia orden establece
plazos claros en su Disposición Transitoria Primera. En concreto, los
aprovechamientos de la tercera categoría —los de mayor volumen— disponían de un
año desde la entrada en vigor de la norma para instalar los equipos y comenzar
a remitir la información exigida, un plazo que consideran ampliamente superado
sin resultados tangibles.
La organización ecologista recuerda que estas medidas cuentan con un amplio
respaldo social, al permitir un control real del consumo de agua en un contexto
marcado por el cambio climático y por el mal estado cuantitativo del acuífero
de la Mancha Oriental. Según los datos oficiales, durante el último año
hidrológico las extracciones alcanzaron los 325 hectómetros cúbicos, cuando el
límite máximo no debería superar los 300 hectómetros, lo que confirma, a juicio
del colectivo, una situación de sobreexplotación.
Ecologistas en Acción también cuestiona los sistemas de control defendidos
por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, que asegura aplicar
métodos basados en teledetección. El colectivo considera que estos mecanismos
no han sido eficaces, dado que las extracciones continúan superando la
capacidad de recarga del acuífero. Además, señala que la nueva normativa
dificulta prácticas irregulares al fijar requisitos técnicos que evitan la
manipulación de contadores, una práctica que, según recuerdan, ha sido
denunciada de forma recurrente en los medios de comunicación.
Desde la organización ecologista insisten en que la aplicación efectiva de
la Orden de Contadores es un paso imprescindible para planificar el uso futuro
del agua y cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua, que exige
el buen estado de las masas de agua subterráneas y superficiales. En este
sentido, reclaman que, una vez analizados los datos reales de consumo, se ajusten
las extracciones a la capacidad del acuífero y a su estado actual, reduciendo
especialmente los volúmenes de quienes más agua utilizan.
Ecologistas en Acción de la Manchuela admite que se trata de un proceso
complejo, pero considera inaceptable que, existiendo una normativa clara y ante
un problema de graves consecuencias ambientales y sociales, no se haya avanzado
de forma efectiva en su implantación. Su portavoz, Chimo Azorín, ha señalado
que la organización seguirá exigiendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar
el cumplimiento estricto de una orden aprobada por el propio Ministerio.
