Preocupación en la Serranía Baja de Cuenca por el fin de la moratoria a las macrogranjas y la proliferación de plantas de biometano

La Junta de Castilla-La Mancha reactivará en enero las licencias para la construcción y ampliación de macrogranjas porcinas tras la moratoria establecida en 2022. Además, planea la instalación de hasta 60 plantas de biometano en la provincia, lo que ha generado inquietud en la Serranía Baja de Cuenca, donde vecinos y colectivos alertan de los riesgos ambientales y sociales de estas iniciativas.

Según la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, que reúne a plataformas vecinales de municipios como Cardenete, Priego y Villar del Humo, la apuesta por la ganadería industrial y las macroplantas de biogás representa un peligro para los recursos naturales de la comarca. Aunque el nuevo decreto de purines busca reducir la contaminación por nitratos, concede un periodo de adaptación de 10 años a las macrogranjas existentes, lo que, según los vecinos, perpetúa los problemas de contaminación de suelos y aguas.

El plan de biometanización, que incluye la construcción de macroplantas de biogás, también ha sido criticado por su posible impacto en la calidad de vida de los habitantes de la región. La Asociación destaca que estas plantas atraerán más macrogranjas y contribuirán al cambio climático, además de generar molestias constantes en los municipios.

Los colectivos vecinales exigen una moratoria real para esta industria y alertan del peligro de emular modelos como el de Cataluña, donde la contaminación por nitratos afecta gravemente a los acuíferos. Desde la Serranía Baja, reclaman políticas que prioricen la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de sus pueblos frente a los intereses de la industria cárnica.

Para más información, se puede visitar la página de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, que continúa su lucha por un desarrollo respetuoso con el medio ambiente en la región.