El Gobierno de España aprueba las ayudas a los municipios de la Serranía Baja por los daños de la DANA de 2023

Setenta y nueve municipios conquenses y la Diputación de Cuenca se repartirán 15,96 millones de euros asociados a la línea de subvenciones que el Gobierno central habilitó para ayudar a las administraciones locales a reparar los daños sufridos en las infraestructuras municipales y en la red viaria provincial por las lluvias torrenciales de finales de agosto y principios de septiembre de 2023 que causaron cuatro muertos y pérdidas multimillonarias.  El importe total de los proyectos presentados asciende a 24,30 millones de euros, por lo que la subvención cubre el 49,91% del coste de las solicitudes presentadas.

La ciudad de Cuenca es el municipio que más ayuda recibirá. Concretamente la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial otorga a la capital de la provincia 790.790,29 euros para un total de 9 proyectos aprobados. Le siguen Fuentelespino de Haro con 750.291,62 euros, Buenache de Alarcón con 187.943,25 euros, Las Valeras con 174.541,27 euros, Mota del Cuervo con 135.907,65 euros, Sisante con 124.066 euros, Almonacid del Marquesado con 110.520,22 euros, Graja de Iniesta con 88.239,46 euros y Villagarcía del Llano con 80.000 euros. Por su parte, la Diputación de Cuenca ha logrado 7,72 millones de euros, cifra que supone el 63,68% del dinero concedido por el Estado a Cuenca para paliar los daños de las lluvias torrenciales de finales de agosto y principios de septiembre de 2023.

En el extremo opuesto están municipios como Arcas que recibirá 1.917,85 euros, Vindel con 2.000 euros, Laguna del Marquesado con 2.068,50 euros, Algarra con 2.389,75 euros, Salinas del Manzano con 3.000 euros o Alcalá de la Vega con 4.262,25 euros.

Tarancón recibe 7.216 euros

Como dato curioso, Tarancón, segundo municipio conquense por población tras la capital, tan sólo tiene asignados 7.216,75 euros en ayudas vinculadas a la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, antes denominada Zona Catastrófica.

Una vez preconcedidas la ayuda y publicada la resolución en el Boletín Oficial de Estado, la Diputación de Cuenca tienen un plazo máximo de tres meses para remitir el certificado de adjudicación de cada uno de los proyectos de obra a los que les ha sido asignada subvención.

A tal efecto, la institución provincial podrá aprobar instrucciones en las que se concreten el plazo y forma en los que los ayuntamientos le deben comunicar la documentación que exige la convocatoria. La falta de remisión del certificado de adjudicación en el plazo y forma establecidos dará lugar a la pérdida total del derecho sobre la subvención asignada al proyecto del que se trate.

37 millones para la región

En el conjunto de Castilla-La Mancha, el gobierno central ha concedido 37 millones de euros a 194 municipios de la comunidad autónoma que se vieron afectados por la DANA de 2023. Las provincias de Toledo y Cuenca, las más castigadas por las fuertes precipitaciones que provocaron graves avenidas de agua que anegaron viviendas y empresas y destrozaron infraestructuras, acaparan el 75,55% de las ayudas otorgadas por el Gobierno central para paliar los daños.

 “A esta cantidad hay que sumar la aportación de las propias corporaciones municipales, de tal forma que en nuestra comunidad autónoma se han movilizado casi 80 millones de euros de inversión para la reparación de centros e infraestructuras municipales y redes provinciales de carreteras”, aseguraba la delegada de Gobierno, Milagros Tolón, que destacó la rapidez con la que ha actuado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

 “Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno ha actuado con agilidad y reafirmando su compromiso con acelerar la tramitación de las ayudas y acompañar a las diputaciones y a los municipios afectados”, subrayó Tolón.

La delegada del Gobierno insistió además en que, pese “al intento de algunos partidos de ocultarlo, desviar la atención y embarrarlo todo, la realidad es que el Gobierno España responde a las necesidades reales de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de sus empresas y de sus municipios”.

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