El Senado debatirá una ley para que la banca regrese al mundo rural
El Senado ha aprobado por amplia mayoría iniciar la
tramitación de una proposición de ley que pretende revertir el cierre
«constante y persistente» de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la
última década, que ha afectado en mayor medida a los pequeños municipios de
zonas rurales.
La iniciativa tomada en consideración este miércoles
en el Pleno del Senado con 246 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones, ha partido de los grupos parlamentarios Nacionalista (Junts per
Catalunya, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario) y de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa
Bai y Agrupación Socialista Gomera) y ha sido apoyada, entre otros, por los dos
grupos mayoritarios (PSOE y PP).
Aunque el texto propuesto se centra en garantizar la
instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en los municipios que no
disponen de este servicio y de hacerlo a costa de las entidades financieras, el
articulado de la ley cambiará sin duda en su tramitación ya que la mayoría de
los grupos que han votado a favor han advertido su acuerdo más con los
objetivos que con las soluciones concretas planteadas.
El senador de JxCat, Josep Lluís Cleries, en defensa
de la iniciativa, ha descrito la situación a corregir con datos del Banco de
España que revelan que el número de cajeros automáticos disminuyó en toda
España entre 2008 y 2017 en un 17,6 % -de 61.714 a 50.839-, en una tendencia
«fuertemente territorializada y que se mantiene constante en zonas rurales o de
poca renta per cápita».
De hecho, en 2017 un total de 4.109 municipios
españoles habían perdido la única oficina bancaria de que disponían. Este dato
suponía que un 2,7 % de la población española no disponía de ese servicio en su
localidad.
Cleries ha acusado a las entidades financieras de no
haber tenido «la sensibilidad para rescatar a las personas y a los territorios
más vulnerables» y de estar inmersas en un «fenómeno de deshumanización» que
les hace «no tener en cuenta las necesidades de las personas».
Como él, otros portavoces, entre ellos el senador de
la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, se mostró a favor de la
iniciativa al constatar que más que más de 1.400.000 personas están afectadas
por este problema.
La senadora socialista, Rosa María Aldea, -alcaldesa
además del pequeño municipio palentino de Cisneros, que recientemente ha
perdido su última sucursal bancaria, como ha señalado- ha afirmado que al texto
planteado «convendría hacerle algunas matizaciones» porque «se trata de un café
para todos, y eso es muy bueno, pero se trata del mismo café y a lo mejor hay
algún consumidor que lo que quiere es un té».
Aldea ha precisado que el texto «presupone que todos
los municipios prefieren la instalación de cajero automático sobre otras
soluciones», lo que deja de lado, por ejemplo, «el tema de la atención
personalizada y el fomento de las competencias digitales básicas».
Por el PP, José Manuel Hernando, ha asegurado que su
formación «simpatiza plenamente con los objetivos últimos de esta iniciativa» y
está «estupefacto ante la falta de sensibilidad de la banca» en ese proceso de
abandono de la España rural, aunque encuentra en el texto cosas que no le
gustan y preferiría haber esperado a las conclusiones de la ponencia creada
sobre este mismo tema en el seno de la Comisión de Reto Demográfico de la
cámara.
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