Requerimientos a cuatro municipios de la comarca por mantener calles con nombres franquistas
OJOS DE MOYA | Reíllo se ha negado a cambiar la
nomenclatura | Valdemorillo de la Sierra y Víllora han expresado su “compromiso” a realizar
cambios
Un total de 123
municipios de Castilla-La Mancha han recibido durante este año 2018 un
requerimiento por parte de la Coalició Compromís, desde el Senado, en el que
solicitan a sus ayuntamientos la
remisión de los expedientes municipales que justifiquen la comunicación al
Instituto Nacional de Estadística (INE) del cambio de nomenclatura de aquellas calles con referencias a la dictadura
franquista.
En todos estos pueblos
se ha detectado un elemento común: incumplen la Ley de Memoria Histórica o al
menos así consta en registros como el del INE. La iniciativa trata de confirmar
que en los municipios de toda España se cumple la ley y en aquellos donde no se
ha hecho, instar a cumplirla.
Lo explica Carles Mulet,
senador de Compromís. Surgió como iniciativa ante la falta de respuesta por
parte del Gobierno de Mariano Rajoy. “Cuando preguntamos por las calles que aún
mantenían la nomenclatura franquista en los municipios, el Gobierno siempre
contestaba que eso era competencia municipal y que ellos no podían hacer nada
porque la ley no le da atribuciones para hacerla cumplir”.
En un segundo intento se
trasladó al Gobierno central el recordatorio de que la “tutela” para el
cumplimiento de la norma sí está en manos del Ejecutivo estatal. El proceso se
enquistó. La alternativa la encontraron en el artículo 20.2 del Reglamento del
Senado que permite pedir documentación directamente a los ayuntamientos. Por
eso han estado enviando cartas individualizadas y hoy el proceso continúa. En
total, han sido 3.906 en todas España de las que se han tramitado 2.000 y 1.906
siguen pendientes. “Es un trabajo de hormiga”, dice Mulet.
Los requerimientos, algunos basados en datos del INE
desactualizados
En Castilla-La Mancha,
durante este año 2018, se han enviado (y lo siguen haciendo) cartas a todas las
provincias tras detectarse el mantenimiento de nombres franquistas.
En la provincia de
Cuenca, la segunda con mayor número de ayuntamientos ‘incumplidores’ se ha
enviado carta a 35 pueblos, entre ellos, algunos de la Serranía Baja, como Reíllo,
Valdemorillo de la Sierra, Tejadillos y Víllora.
La dispar reacción de los ‘incumplidores’
En Cuenca se han negado
a cambiar la nomenclatura franquista los municipios de Arrancacepas, Reíllo,
Santa María del Val y Villares del Saz.
El caso contrario, según la respuesta dada al Senado la conforman
Belmonte, Belvis de Monroy, Masegosa,
Monteagudo de las Salinas, Valdemorillo de la Sierra, Víllora, La Alberca de
Záncara y Villaescusa de Haro mientras que
Huete y Lagunaseca han expresado su “compromiso” a realizar cambios.
“Hace falta una nueva Ley de Memoria Histórica”
Compromís intentó
judicializar al menos un caso por provincia. Un proceso complejo, según Mulet
porque la Ley de Memoria Histórica “ni siquiera contempla un régimen
sancionador ni habla de plazos para su cumplimiento”, así que, en buena medida,
depende de la voluntad de los alcaldes.
Mulet valora la reacción
de los ayuntamientos a sus requerimientos: “El resultado es positivo porque
aunque muchos no contestan otros sí lo hacen para cambiar la nomenclatura o
bien comunicarlo al INE. Ha merecido la pena el esfuerzo”. En el otro lado de
la balanza, dice, “todo esto te hace reflexionar mucho. ¿Por qué lo ha tenido
que hacer un partido valenciano y no directamente el Gobierno que aprobó la
ley? ¿Por qué los partidos de implantación nacional no han hecho este trabajo
de revisión pueblo a pueblo haciendo cumplir la ley?”
Para el senador, si algo
pone esta situación en evidencia es que “hace falta una nueva Ley de Memoria
Histórica” porque después de 12 años tiene “muchas lagunas que se tienen que
solucionar”. Compromís ya presentó una nueva propuesta en la Cámara Alta en la
que, entre otras cosas, se incluyera un código sancionador a los incumplidores.
Confía en que el cambio de Gobierno central reabra el debate sobre la Ley de
Memoria Histórica. “Abordar el tema de las fosas, el Valle de los Caídos…Hemos
visto que hay sensibilidad”.
El trabajo realizado por
este grupo político en el Senado complementa el que lleva a cabo el abogado
memorialista Eduardo Ranz que en 2016 inició una ofensiva judicial para, por la
vía del derecho de petición, conseguir el mismo objetivo. De momento, con
efectos impredecibles.
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