La defensora del pueblo denuncia ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Carboneras por "actitud entorpecedora"
OJOS DE MOYA | El
municipio conquense, junto con otros 19 de toda España, "no ha respondido
a los requerimientos de solicitud de información"
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha
llevado a la Fiscalía General del Estado la "actitud entorpecedora"
de 20 entidades después de que la institución les haya enviado hasta tres
requerimientos que no han tenido respuesta.
"Detrás de cada queja hay una persona que
tiene derechos y que debe obtener una respuesta", ha subrayado Becerril en
una nota de prensa, en la que recuerda que todas las administraciones tienen la
obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle la
información solicitada.
Sin embargo, no lo han hecho los consistorios de
Tarifa y Vejer de la Frontera (Cádiz); Mojácar (Almería); Barbastro (Huesca);
Cudillero, Gozón y Salas (Asturias); La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife);
Noblejas y Talavera de la Reina (Toledo); Carboneras de Guadazaón (Cuenca);
Matallana de Torío (León) y Reus (Tarragona).
También están Arganda del Rey y Colmenar de
Oreja (Madrid); Gilet (Valencia); Zalamea de la Serena (Badajoz); Gondomar
(Pontevedra) y Porto do Son (A Coruña).
Además de los ayuntamientos, cuya falta de
respuesta acumula en algunos casos más de 500 días, el Defensor del Pueblo ha
trasladado a la Fiscalía la falta de colaboración del Colegio de Abogados de
Guipúzcoa.
El Defensor del Pueblo considera
"administración entorpecedora" a aquella que no responde tras haberle
enviado requerimientos en tres ocasiones y, en el caso de que no colaboren, la
ley orgánica que regula la Institución le otorga la potestad de poner los hechos
en conocimiento del Ministerio Fiscal. EFE