Todos los proyectos de biometano en Castilla-La Mancha quedarán paralizados temporalmente vía decreto

Castilla-La Mancha paralizará más de 70 proyectos de plantas de biometano hasta adaptarlos a una nueva normativa

El Gobierno regional prepara un decreto que suspenderá la tramitación de las instalaciones actualmente en marcha y obligará a sus promotores a ajustarse a nuevas exigencias ambientales y de seguridad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará próximamente un nuevo decreto regulador para las plantas de biometano que supondrá la paralización temporal de todos los expedientes que se encuentran actualmente en tramitación. La medida afectará a más de 70 proyectos registrados ante la Administración regional, cuyos promotores deberán adaptarse a la futura normativa en un plazo de entre 12 y 24 meses para poder continuar adelante.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja ya en un texto normativo que busca establecer un marco regulador más garantista para este tipo de instalaciones. La iniciativa responde a la resolución aprobada recientemente en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se instó al Gobierno regional a reforzar la protección ambiental, la seguridad ciudadana y las condiciones de implantación de las plantas de biometano.

Un cambio de rumbo tras las protestas vecinales

La decisión llega después de meses de movilizaciones ciudadanas en distintos puntos de la región contra los proyectos de macroplantas de biometano. Plataformas vecinales y colectivos ecologistas han mostrado su rechazo a instalaciones que, en muchos casos, consideran sobredimensionadas y promovidas por empresas sin vinculación directa con el territorio.

Las protestas volvieron a hacerse visibles durante la celebración del Día de Castilla-La Mancha en Cuenca, donde cientos de personas reclamaron cambios en la política regional sobre biometano y denunciaron el impacto que podría tener la llegada de grandes cantidades de residuos a los municipios afectados.

El nuevo decreto pretende introducir modificaciones en aspectos especialmente sensibles para los vecinos, como las distancias mínimas a núcleos habitados, la procedencia de los residuos, los sistemas de transporte o las condiciones de funcionamiento de las instalaciones. Muchas de estas cuestiones ya fueron planteadas por las plataformas ciudadanas durante el proceso de información pública del borrador inicial, en el que se presentaron más de 15.000 alegaciones.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa, todos los proyectos actualmente en tramitación quedarán suspendidos hasta que acrediten su adaptación a los nuevos requisitos. Aquellos que no lo hagan dentro del plazo máximo previsto podrán ser archivados de forma definitiva.

Pese a este giro regulatorio, la Junta mantiene su respaldo al biometano como herramienta para la gestión y valorización de residuos. La consejera ha defendido que estas instalaciones pueden desempeñar un papel importante dentro de la economía circular, aunque ha reconocido que deben contar con una regulación adecuada que garantice tanto la seguridad jurídica como la protección de las personas y del entorno.

La medida abre ahora un periodo de incertidumbre para decenas de proyectos repartidos por toda Castilla-La Mancha, mientras ayuntamientos, promotores y plataformas vecinales esperan conocer el contenido definitivo de una normativa llamada a redefinir el futuro del biometano en la región.